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Chiapas, mapa de la contrainsurgencia

JESUS RAMIREZ CUEVAS

El crecimiento de la influencia zapatista ha propiciado la aparición de por lo menos seis grupos paramilitares que, vinculados a dirigentes priístas, actúan en diferentes regiones de Chiapas. Matan, expulsan, bloquean caminos, cobran impuestos de guerra y reclutan por la fuerza a jóvenes indígenas. En algunos lugares sólo se conoce su ley. Este es un mapa de la guerra que ya sucede en territorio chiapaneco.

SANCHEZ

SAMUEL SANCHEZ,
general y coronel de Paz y Justicia (foto)

De las nueve regiones de Chiapas, las bases de apoyo del EZLN se han extendido a seis: Selva, Norte, Altos, Sierra, Frontera y Costa del Pacífico.

Esto ha provocado respuestas de los sectores locales más reaccionarios.

Desde 1995 han aparecido, por lo menos, seis grupos paramilitares de corte priísta que actúan en áreas indígenas:

-Paz y Justicia (Tila, Tumbalá, Chilón, Sabanilla, Salto de Agua y Palenque, en el norte de Chiapas).

-Chinchulines (Yajalón, norte de Chiapas).

-Máscara Roja (San Andrés Larráinzar y Chamula, en los Altos).

-Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, MIRA (Oxchuc, Ocosingo y Huixtán, los Altos).

-Un grupo, sin nombre conocido, actúa y tiene campos de entrenamiento en Chenalhó y Simojovel (los Altos).

- Alianza San Bartolomé de los Llanos (Venustiano Carranza, en los Valles Centrales).

En Chicomuselo, municipio enclavado en la depresión central de la Sierra Madre, cerca de la frontera con Guatemala, recientemente reaparecieron piquetes de guardias blancas que combatían a las organizaciones campesinas en 1995.

Todos estos grupos están vinculados a dirigentes priístas locales, diputados y presidentes municipales, y cuentan con el apoyo del gobierno estatal y del Ejército Mexicano. Entre sus filas hay militares, policías y campesinos.

La situación se agrava. En las montañas y selvas de los Altos y de la zona norte se libra una guerra civil no declarada, que representa un drama para miles de indios choles, tzotziles y tzeltales.

Los pueblos rebeldes padecen cotidianamente hostigamiento y espionaje. Son los efectos de la estrategia contrainsurgente que aplican los gobiernos federal y estatal con ayuda del Ejército, la policía y los grupos armados irregulares.

Las dependencias gubernamentales (como Sedeso) y las autoridades estatales y municipales priístas desarrollan labores para dividir y enfrentar a las comunidades que simpatizan con los insurrectos.

``Ante el fracaso de la manipulación de inversiones gubernamentales para minar la base social del EZLN, el gobierno ha extendido el modelo aplicado en la zona norte a otras regiones del estado para promover una guerra civil entre indígenas a través de los grupos paramilitares'', dice Hugo Trujillo, ex integrante de la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales por la Paz (Conpaz), la instancia civil más importante del estado, que hace unos días fue disuelta.

En regiones completas no hay libre tránsito, cada semana se reporta algún ataque o una emboscada y nuevas víctimas pasan a engrosar las estadísticas de una guerra no reconocida como tal. Miles de indígenas han sido forzados a abandonar sus comunidades, pero poco se habla del exilio interior y la difícil supervivencia que enfrentan.

EN EL NORTE, LA VIDA NO VALE NADA...

Los finqueros de Palenque, Yajalón y Salto de Agua, entre otros municipios, han iniciado una campaña contra las comunidades zapatistas y organizaciones campesinas de oposición o del PRD. Paz y Justicia y Chinchulines han forzado el desplazamiento de grandes núcleos de población y continúan obstruyendo los caminos y carreteras para quienes no son priístas.

Paz y Justicia lo encabeza abiertamente Samuel Sánchez Sánchez, diputado local del PRI y dirigente de Solidaridad Campesina Magisterial (Socama). En su estado mayor aparece el subteniente y coordinador de la zona chol, Eduardo Gutiérrez Vázquez, acusado de venta ilegal de armas.

Por lo menos 4 mil 112 indígenas simpatizantes de EZLN y PRD, así como catequistas católicos de la zona norte de Chiapas, continúan desplazados ``por motivos políticos'' y ``sobreviven en condiciones muy precarias por falta de apoyo'', señala Abelardo Arcos, representante de los refugiados.

Desde febrero de 1995 a la fecha han sido asesinados por lo menos 40 campesinos opositores. Otros 23 indígenas, bases de apoyo zapatistas, están presos en Cerro Hueco y en Yajalón.

CHENALHO, IMPUNIDAD PARAMILITAR

En el municipio de Chenalhó la violencia ha provocado un virtual estado de sitio en muchas comunidades y cientos de indígenas han escapado de sus pueblos. Los caciques, apoyados y armados por el ex diputado federal priísta Antonio Pérez Hernández y el ex presidente municipal Jacinto Arias Cruz, se apresuran a formar pequeños ejércitos indígenas para combatir a los zapatistas.

Chenalhó vive una situación comparable con las dictaduras militares sudamericanas. Unas diez comunidades están bajo el control de grupos paramilitares integrados por militantes del PRI y del Partido Cardenista. En cada una de ellas es como si hubiera un Pinochet local, que somete a la población a una situación de terror.

Los grupos paramilitares cobran cuotas a todas las familias, reclutan a los jóvenes y los obligan a recibir entrenamiento. Quien se niega recibe amenazas y represalias.

Las primeras acciones armadas de estos grupos tuvieron lugar en las comunidades Puebla, Los Chorros y Chanemboló. Siguieron los asesinatos de simpatizantes zapatistas en Mercedes Isidro, Chitamulkum y Emiliano Zapata, en Simojovel y Huitiupán.

El consejo municipal rebelde de Polhó considera que hay más de 2 mil indígenas refugiados en todo Chenalhó, en por lo menos seis comunidades (Chimix, Los Chorros, Esperanza, Canolal, Yaxjemel, Yibeljoj).

Raúl, un joven indígena de Los Chorros, cuenta que fue reclutado a la fuerza por los priístas armados. Lo obligaron a acuartelarse en Santa María, donde aprendió a manejar armas. El asegura que, después de cada sesión, los mandos los obligan a participar en fiestas con prostitutas. Con ese fin han levantado un hotel en esa comunidad, el único en toda la región.

Raúl se escapó de ese campo de entrenamiento y se esconde en San Cristóbal, donde los paramilitares realizan operaciones de rastreo para capturar a los ``desertores''.

Don Celorio, viejo indígena de un barrio de Yibeljoj, ha sido víctima también de esta guerra silenciosa lanzada contra los zapatistas. Apenas el martes 11 de noviembre tuvo que huir de su casa ante el ataque armado a su pueblo. Era el segundo en dos días. Huyó alrededor de las once y media de la mañana, cuando el estruendo de los disparos aún resonaba en la vereda.

Tras de sí abandonaba su pedazo de milpa y su pobre vivienda. Don Celorio ratifica que son priístas y cardenistas armados los que agreden. Cada quince días llegan a las casas a exigirles 25 pesos de pago, que toda familia está obligada a dar como impuesto de guerra. Los campesinos sacan ese dinero de donde pueden. A don Celorio no le alcanza, así que tiene que recorrer varias comunidades para juntarlo. Los paramilitares, cuenta, venden contratos de protección a los pueblos, que temen ser emboscados o que les quemen las casas, como les ocurrió en septiembre a los de Canolal.

EN SAN ANDRES, EL PRI PACIFICA

A pesar de esta situación cada vez más difícil, en Chiapas avanzan los gobiernos municipales autónomos y en rebeldía, cuya influencia abarca más de 50 municipios del estado. Pero no la tienen fácil.

El concejo municipal de San Andrés Sacamch'en de los Pobres ha denunciado que el presidente priísta, Marcos Hernández, sostiene un grupo paramilitar en la sede del diálogo. Cada miembro de la banda de 30 pistoleros estaría recibiendo 4 mil pesos mensuales por sus labores.

Las autoridades zapatistas dijeron que Hernández corrompió al juez del municipio rebelde con un ``cañonazo'' de 50 mil pesos para poderse robar los vehículos del ayuntamiento autónomo. Después, el juez se arrepintió y confesó que ayudó a Marcos Hernández a pedir recursos económicos al gobierno del estado arguyendo ``que los zapatistas también estaban apoyando al PRI en este municipio''. El grupo armado tiene su base de operaciones y entrenamiento en El Pinar.

NUEVOS ZAPATISTAS, VIEJOS GUARDIAS BLANCAS

El 4 y 5 de noviembre las bases del EZLN realizaron una marcha en Frontera Comalapa. Era la primera vez que aparecían en esa región, que abarca la Frontera, la Sierra y la Costa de Chiapas. Los simpatizantes del municipio rebelde Tierra y Libertad exigieron el cese de la represión contra sus compañeros en la comunidad de Paso Hondo.

El delegado del gobierno en la región fronteriza, Francisco Torres Vera, confirmó que allí podrían estar operando ``grupos de autodefensa'' antizapatistas. (Cuarto Poder, 11 de noviembre de 1997).

``La gente se está armando para enfrentar a los zapatistas. Las comunidades que contarían con grupos paramilitares están en Llano Grande, Monte Redondo y El Portal'', informó el funcionario, quien agregó que más de 20 comunidades de La Independencia se han agrupado para hacerle frente a las resoluciones que emanen del concejo de Tierra y Libertad.

En enero de 1995 aparecieron en esta zona las guardias blancas. En Chicomuselo asesinaron a cuatro campesinos de la OCEZ . El anterior procurador de Justicia estatal, Jorge Enrique Hernández, aprobó ilegalmente que los paramilitares financiados por los ganaderos locales resguardaran ``la seguridad'' del lugar. Ahora reaparecen.

9 MIL 330 SOLDADOS/MES

El comandante de la séptima Región Militar durante los últimos tres años, Mario Renán Castillo, ha sido relevado al igual que el resto de mandos militares en esta entidad. ¿Obedecerá esto a un cambio de estrategia del Ejército?

Renán quedará al mando de la decimosegunda región, en Torreón, Coahuila. Será sustituido por Jorge Gómez Salazar, general de división, diplomado del estado mayor y ex jefe de transportes del Ejército.

En agosto entraron en operación tres fuerzas de tarea. La Arcoiris, con 10 mil hombres; la Aguila 7, para el narcotráfico, y la Golfo Sur, para proteger instalaciones estratégicas.

Por otro lado, el Ejército abrió un nuevo foco de tensión en la selva al instalar desde principios de octubre un campamento militar a cinco kilómetros de La Realidad. Los pertrechos de guerra y los 500 soldados ahí destacados constituyen un dispositivo militar ofensivo que se cierne amenazante sobre esa comunidad tojolabal, donde ha hecho sus últimas apariciones la comandancia general del EZLN. El nuevo campamento parece instalado definitivamente, ocupando las dos orillas del río Euseba.

Los mandos militares dicen que esta nueva posición tiene por objeto proteger los trabajos de la empresa que apisona la carretera. Pero los indígenas acudieron el 8 de octubre al campamento y enfrentaron a los soldados. A pocos metros de sus posiciones de combate, les gritaron que no permiti-rían las obras mientras el nuevo campamento estuviese allí. Por su parte, los ingenieros de la construcción han desmentido que solicitaron el apoyo del Ejército.

Los habitantes de la zona padecen el incremento de la presencia militar. Durante la época de lluvias, como ahora, el nivel del agua hace imposible cruzar el Euseba a pie o a nado. Ahora, ya nadie emplea el viejo puente colgante. Los campesinos tienen que dar tremendas vueltas para evitar los campamentos militares. Entre tanto, la tensión prevalece y los sobrevuelos de avionetas y helicópteros militares se han hecho constantes.

Dos veces al día, los tojolabales ven pasar los Hummers y carros artillados, las ametralladoras, los rifles de alto poder, los soldados acechando tras la mirilla de su arma automática o tras una cámara de foto o video. Los niños enferman de miedo. Pero el general Jorge de Jesús Wabi Rosel, jefe de la 39 Zona Militar, machaca que la carretera estará lista ``a principios'' de 1998 (La Jornada, 3/11/97).

La Realidad cuenta día a día los carros y los soldados. El 30 de septiembre el convoy era de 22 vehículos de guerra con un total de 142 soldados, ocho de ellos oficiales. Portaban tres cámaras de video y dos de foto.

El 13 de octubre el convoy aumentó a 31 vehículos y 173 hombres.

Según los minuciosos reportes de los observadores extranjeros acampados allí, durante octubre pasaron por el pueblo mil 500 vehículos militares -de todo tipo-, a razón de 25 por día en promedio, con 156 soldados de ida y 155 de vuelta, es decir, 311 soldados por día, lo que representa un total de 9 mil 330 soldados/mes. Ese es el paisaje cotidiano para los niños de La Realidad.

Es enorme el gasto que esta movilización militar implica. Tan sólo en uno de los rincones de la selva, el tramo Guadalupe Tepeyac-río Euseba, de 30 kilómetros, cada mes mil 500 vehículos recorren 3 mil 600 kilómetros (60 de ida, 60 de vuelta, multiplicado por 30 días).

Los indígenas ven pasar el abasto de los soldados: costales de fruta, cajas de verdura y de todo tipo de viandas que ellos jamás han probado.

Hay más de 40 mil soldados en Chiapas. Pronto se van a cumplir cuatro años desde que la rebelión zapatista empezó. ¿Cuánto cuesta al país la ocupación de las zonas indígenas?

En San Quintín, donde se encuentra el cuartel militar más grande de la selva, el Ejército construye unidades habitacionales para los soldados de la mayor fortaleza contrainsurgente. Frente a las miserables casas de los indígenas se levantará la primera unidad habitacional de concreto para atenuar el déficit de vivienda... de los militares.


DEDICADO A LA MEMORIA DE TODOS LOS MEXICAS QUE CAYERÓN VÍCTIMAS DEL HOMICIDIO INDISCRIMINADO ARIO. Y GRACIAS POR DEFENDER A NUESTRO PUEBLO Y HACERNOS SENTIR ORGULLOSOS DE SU LUCHA, SU CULTURA Y SOBRE TODO DE SU RAZA DE BRONCE.


FUERZA NACIONALISTA AZTECA (FUNAAZ)